Revisar la legalidad de los proyectos de acuerdos que se expiden en los 27 Concejos Municipales del departamento hace parte de las responsabilidades de la Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría Jurídica. Por eso, luego de revisar el proyecto de acuerdo 1117 de 2022 del Concejo de Manizales, el cual buscaba acordar el valor de la plusvalía en la capital caldense, la dependencia determinó inconsistencias en el proceso.

Sandra Milena Ramírez Vasco, secretaria Jurídica de Caldas, explicó que luego de un estudio jurídico se probó un ‘vicio’ en el procedimiento. “El primer debate debió darse en la Comisión de Presupuesto, pero se dio en la Comisión del Plan y desde ahí se evidencia una expedición irregular, y eso fue lo que manifestamos en el pronunciamiento que le hicimos al Tribunal Administrativo de Caldas, el cual, finalmente, le da la razón a los argumentos expuestos por la Gobernación de Caldas”.

La funcionaria manifestó que no verificar el cumplimiento normativo de los procesos, podría llevar a la Administración Departamental a una investigación, ya que no cumple adecuadamente con las funciones que legalmente le son asignadas.

Luego del pronunciamiento del Tribunal, el cual invalidó el proyecto, el municipio deberá presentar nuevamente la propuesta para que curse los debates establecidos por el Concejo de Manizales. Después de esto, pasará nuevamente a la Secretaría Jurídica Departamental.

La decisión judicial que invalidó el proyecto de acuerdo 1117 es responsabilidad del Tribunal Administrativo de Caldas.

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